En consecionario de Chery se restringe la venta de autos.

Comprar un carro nuevo sigue siendo una odisea. En los establecimientos de las marcas privadas la espera puede prolongarse hasta nueve meses y en las redes del Estado el panorama no es diferente.

Ante el fracaso de Venirauto y su poca presencia en el mercado, la oferta de autos Chery por parte del Gobierno nacional lucía como una buena opción. Sin embargo, obtener uno de esos vehículos también es casi una lotería.

En el concesionario de Chery, ubicado en la avenida Francisco Miranda en Caracas, la venta está restringida. "Tiene que venir después porque sólo estamos atendiendo a personas con el crédito aprobado". Esa es la respuesta que da una de las vendedoras a quienes se interesan por uno de los modelos de la marca china. Seguidamente derrumba cualquier esperanza al señalar que "hay 5.000 personas en espera con crédito aprobado".

Ya en las vitrinas del local se anuncian las malas noticias: "se encuentra suspendida temporalmente la emisión de facturas proforma".

La opción para los clientes es dejar pasar unas semanas y volver a intentarlo. "Yo vine el mes pasado y me dijeron que para septiembre, pero aún nada", expresó una cliente.

La alta demanda se conjuga con una producción limitada. De los dos modelos que produce la empresa mixta ZGT sólo están recibiendo el Arauca, ya que no tienen previsto recibir el Orinoco en las próximas semanas.

Según las cifras oficiales, en su primer año de funcionamiento (entre agosto de 2011 y agosto de 2012) la automotriz ensambló 8.706 unidades, aunque la meta para 2012 es producir 18.800 vehículos.

Adicionalmente, el Gobierno había anunciado importar desde China 10 mil autos, pero la ministra de Comercio, Edmée Betancourt, admitió que los planes para compra de autos son insuficientes.

Desde sus inicios la venta de autos de la marca Chery ha estado marcada por las dificultades. A raíz de episodios de desorden que se presentaron a comienzos de este año en la sede de Suvinca, se habilitó un sistema de citas vía internet, pero las prioridades son: funcionarios, personas con discapacidad y afectados por las compras programadas.