El Automóvil y los Impuestos.

Cuando una persona compra un automóvil está obligada a pagar dos impuestos. Uno es el IVA, aplicado al coste del vehículo, y otro es el impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación), que grava la primera matriculación en España de automóviles destinados al consumo privado. Este impuesto tiene en la actualidad tarifa progresiva en función de las emisiones de dióxido de carbono. La adquisición de vehículos usados está gravada por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Posteriormente, el automóvil soportará todos los años el impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica, calculado según tarifa que puede ser modificada por el pleno de la corporación y, en su caso, por el impuesto sobre el patrimonio si la cuantía de la riqueza personal supera el mínimo exento establecido.

Además, el propietario de un automóvil tiene que pagar, por el consumo del combustible, un impuesto especial sobre hidrocarburos (gasolinas, gasóleos, etcétera) y el IVA (aplicado sobre los mismos más el coste del combustible). Esta doble tributación genera efectos acumulativos que son de difícil justificación, circunstancia que se agrava todavía más cuando existe un impuesto autonómico adicional, como es el caso de Galicia (impuesto minorista sobre determinados hidrocarburos), destinado a financiar la sanidad pública y las políticas medioambientales. La justificación teórica de los impuestos especiales sobre el consumo se fundamenta en corregir efectos externos negativos (contaminación ambiental), financiar la construcción y el mantenimiento de las vías públicas (sin estar afectados), así como por mantener los niveles de la recaudación (compensar la supresión del tipo incrementado del IVA).

Pero los impuestos asociados al automóvil no terminan con los mencionados hasta ahora. Porque cuando un vehículo circula por autopistas de peaje se paga también el coste de las mismas más el IVA correspondiente. Y si las autovías se construyen mediante contratos de colaboración público-privado, todos los contribuyentes (circulen o no sobre esas vías) financian el canon pactado con la Administración, que habitualmente incluye elevados beneficios y transparencia escasa (peaje en sombra). Como es fácil advertir, los impuestos vinculados al automóvil son múltiples y variados. Estamos ante un copago extensivo de difícil explicación. Y sobre escenario tan agobiante y singular se anuncia ahora, con redoble de tambor, un canon por el uso de las carreteras. Ignoramos su cuantía e instrumentación, pero si esta iniciativa se hace realidad completaríamos una tributación ligada al automóvil caótica, ineficiente, confusa e injusta.