La polémica está servida. El Tribunal Constitucional (TC) difundió ayer el auto por el que no admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Audiencia Nacional en relación con la rebaja salarial de los empleados públicos, en concreto, con aquellos funcionarios y personal laboral de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).
La no admisión a trámite desató la indignación en el colectivo de empleados públicos, ya que, tal y como indicó ayer el sindicato CC OO, este auto “implicaría la exclusión prejudicial” del derecho de defensa y de reclamación de los más de tres millones de funcionarios que trabajan en España, a los que se les recortó en un 5% el sueldo el año pasado. Según el auto al que tuvo acceso Xornal de Galicia, el TC justificó su decisión en que, al contrario de lo que interpreta la Audiencia Nacional, la aprobación y aplicación del decreto-ley del Gobierno de mayo de 2010 que recorta los salarios públicos no supone “una afectación en el sentido constitucional del término”.
La Audiencia Nacional consideró en su momento que “no es posible” modificar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo (que, en el caso de la FNMT-RCM había pactado una subida salarial para 2010 del 0,3%) mediante un decreto-ley, ya que ese cambio “afecta a la intangibilidad del convenio, que forma parte del contenido esencial del derecho a la negociación colectiva”, recogido en el artículo 37.1 de la Constitución Española. La negociación colectiva es un derecho fundamental, por lo que la Audiencia interpretó que la aplicación de la rebaja salarial supuso una vulneración de ese derecho.
Por el contrario, el Constitucional cree que la cuestión de inconstitucionalidad planteada resulta “notoriamente infundada”, motivo por el cual puede no admitir a trámite un recurso. En la explicación de los motivos que le llevan a esto, el Alto Tribunal comete, según fuentes sindicales consultadas, un error que contradice su postura en anteriores autos y sentencias. El TC dice que después de “un examen preliminar” de la cuestiones de inconstitucionalidad aprecia “la falta de viabilidad de la cuestión suscitada”. A esto añade que resulta “conveniente” en estos casos resolver este tipo de casos en su primera fase, ya que su admisión “pudiera provocar efectos no deseables”. Las fuentes consultadas por este diario consideraron que estas palabras son las que demuestran que la resolución del TC tienen un “carácter más político que jurídico” y condenaron las “presiones” a las que está sometido el tribunal. Además, destacaron el hecho de que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la no admisión de cualquier recurso debe realizarse cuando la cuestión esté “notoriamente infundada”, algo que contrasta con el “examen preliminar”, es decir, una primera aproximación, que hizo el TC del recurso presentado contra el decreto del Gobierno.
Los sindicatos ya anunciaron que seguirán utilizando todas las vías legales para recurrir el decreto del Ejecutivo central. CC OO y UGT indicaron que exprimirán “al máximo” la vía judicial con nuevas iniciativas para hacer frente a la rebaja salarial. Desde CSIF, su presidente en Galicia, José Francisco Méndez, a pesar de que acata el auto, consideró que hay que “cambiar el Tribunal Constitucional”, porque está “altamente politizado”. Desde CSIF no descartan acudir a los tribunales europeos para defender sus derechos.
Las centrales sindicales consideraron ayer que, con este auto, el Constitucional se “lava las manos” al no dictar una sentencia. Cándido Méndez, secretario general de UGT, dijo que el auto “puede aliviar la posición del Gobierno, pero no la de los empleados públicos”. El líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, consideró que el TC “no ha caído” en el hecho de que el Ejecutivo “incumplió” un convenio que se firmó cuando “la situación era peor que ahora”.
Con todo, las fuentes consultadas señalaron que “hay otros autos pendientes” de resolución y que “actúan sobre el conjunto del decreto-ley”, por lo que el auto de ayer “no resuelve de forma definitiva” el asunto. De ello, como ya se citó previamente, es muy consciente el Alto Tribunal, que no admitió este recurso para evitar paralizar otros.
La no admisión a trámite desató la indignación en el colectivo de empleados públicos, ya que, tal y como indicó ayer el sindicato CC OO, este auto “implicaría la exclusión prejudicial” del derecho de defensa y de reclamación de los más de tres millones de funcionarios que trabajan en España, a los que se les recortó en un 5% el sueldo el año pasado. Según el auto al que tuvo acceso Xornal de Galicia, el TC justificó su decisión en que, al contrario de lo que interpreta la Audiencia Nacional, la aprobación y aplicación del decreto-ley del Gobierno de mayo de 2010 que recorta los salarios públicos no supone “una afectación en el sentido constitucional del término”.
La Audiencia Nacional consideró en su momento que “no es posible” modificar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo (que, en el caso de la FNMT-RCM había pactado una subida salarial para 2010 del 0,3%) mediante un decreto-ley, ya que ese cambio “afecta a la intangibilidad del convenio, que forma parte del contenido esencial del derecho a la negociación colectiva”, recogido en el artículo 37.1 de la Constitución Española. La negociación colectiva es un derecho fundamental, por lo que la Audiencia interpretó que la aplicación de la rebaja salarial supuso una vulneración de ese derecho.
Por el contrario, el Constitucional cree que la cuestión de inconstitucionalidad planteada resulta “notoriamente infundada”, motivo por el cual puede no admitir a trámite un recurso. En la explicación de los motivos que le llevan a esto, el Alto Tribunal comete, según fuentes sindicales consultadas, un error que contradice su postura en anteriores autos y sentencias. El TC dice que después de “un examen preliminar” de la cuestiones de inconstitucionalidad aprecia “la falta de viabilidad de la cuestión suscitada”. A esto añade que resulta “conveniente” en estos casos resolver este tipo de casos en su primera fase, ya que su admisión “pudiera provocar efectos no deseables”. Las fuentes consultadas por este diario consideraron que estas palabras son las que demuestran que la resolución del TC tienen un “carácter más político que jurídico” y condenaron las “presiones” a las que está sometido el tribunal. Además, destacaron el hecho de que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la no admisión de cualquier recurso debe realizarse cuando la cuestión esté “notoriamente infundada”, algo que contrasta con el “examen preliminar”, es decir, una primera aproximación, que hizo el TC del recurso presentado contra el decreto del Gobierno.
Más Recursos Pendientes
Los sindicatos ya anunciaron que seguirán utilizando todas las vías legales para recurrir el decreto del Ejecutivo central. CC OO y UGT indicaron que exprimirán “al máximo” la vía judicial con nuevas iniciativas para hacer frente a la rebaja salarial. Desde CSIF, su presidente en Galicia, José Francisco Méndez, a pesar de que acata el auto, consideró que hay que “cambiar el Tribunal Constitucional”, porque está “altamente politizado”. Desde CSIF no descartan acudir a los tribunales europeos para defender sus derechos.
Las centrales sindicales consideraron ayer que, con este auto, el Constitucional se “lava las manos” al no dictar una sentencia. Cándido Méndez, secretario general de UGT, dijo que el auto “puede aliviar la posición del Gobierno, pero no la de los empleados públicos”. El líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, consideró que el TC “no ha caído” en el hecho de que el Ejecutivo “incumplió” un convenio que se firmó cuando “la situación era peor que ahora”.
Con todo, las fuentes consultadas señalaron que “hay otros autos pendientes” de resolución y que “actúan sobre el conjunto del decreto-ley”, por lo que el auto de ayer “no resuelve de forma definitiva” el asunto. De ello, como ya se citó previamente, es muy consciente el Alto Tribunal, que no admitió este recurso para evitar paralizar otros.
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